Parece que cada semana nos vemos envueltos en un nuevo escándalo / polémica. Y esta vez la cosa es bastante seria, pues está en juego la libertad de los implicados. El ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha logrado que se aprobara un polémico proyecto de ley relacionado con el mundo de los videojuegos.

Con esta nueva ley no sólo se penalizarán las webs de descargas y el ciberactivismo, sino que también habrá penas de cárcel por liberar una consola. ¿Excesivo? Seguramente. A continuación todos los detalles.

En resumen, esta es la novedad: a partir de ahora modificar una consola (liberarla, vaya) o un móvil con fines comerciales tendrá una pena de cárcel de hasta tres años. Los pormenores ya se pueden encontrar en el código penal pues la ley ha sido ratificada en el parlamento. Dice así:

Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien, con una finalidad comercial, fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.

El usuario final, desprotegido

Está claro que la lucha es entre los que ostentan el poder y entre los que tienen una idea más abierta de la propiedad intelectual. Si nos fijamos bien en la frase que acabamos de citar, también podrá ser acusado y enjuiciado aquel que poseea dichos artefactos modificados. Es decir, nosotros, los usuarios.

Afortunadamente, en los últimos borradores se ha añadido el concepto de «finalidad comercial», algo que aligera un poco nuestras culpas. En cualquier caso, la ley ha desatado la polémica. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es demasiado férrea o, en cambio, se adecúa a lo esperable? Esperamos vuestras opiniones.